Compliance y el delito contra los derechos de los trabajadores

Compliance y el delito contra los derechos de los trabajadores

Compliance y el delito contra los derechos de los trabajadores¿El delito contra los derechos de los trabajadores puede ser imputado a la persona Jurídica?

La respuesta es no y por tanto el riesgo de cometer un delito contra los derechos de los trabajadores no es imprescindible que sea incluido en el Sistema de Gestión de Compliance Penal.

No obstante y debido a que, si la responsabilidad abarca a la Persona Jurídica, la pena que en su caso se señale será impuesta a los administradores o a las personas responsables de la misma así como a aquellas personas que, conociendo y pudiendo remediarlas, no hayan adoptado las medidas necesarias, en  DAAS Compliance introducimos los riesgos inherentes al delito contra los derechos de los trabajadores en nuestro Sistema de Gestión de Compliance

En ocasiones vemos que un Sistema de Compliance incluye el delito contra los derechos de los trabajadores como riesgo a prevenir a fin de que la empresa no incurra en responsabilidad penal.

Se trata de un error conceptual, basado quizás en la redacción del art. 318 del CP, que establece una derivación de la responsabilidad penal al administrador o encargado del servicio que hayan sido responsables del este delito, (Incumplimiento de los derechos de los trabajadores…..)

Así por ejemplo, la circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado excluía este delito del catálogo que recogía en su apartado IV y resaltaba lo que, en su opinión, era una incoherencia del legislador.

El art. 318 del Código Penal permite, para el caso de que los delitos contra los derechos de los trabajadores se hayan cometido en el seno de personas jurídicas, imponer penas, en definitiva, a quienes, conociendo la existencia de los hechos y pudiendo remediarlos, no hubieran adoptado medidas para ello. Esta redacción, como bien señala la citada sentencia del Tribunal Supremo, estaba vigente desde el año 2003, mucho antes, por tanto, de que las personas jurídicas pudieran responder penalmente. Además, es clara al establecer que las penas serán impuestas a los administradores o encargados del servicio y a aquellos que, conociendo el delito y pudiendo evitarlo, no hayan tratado de hacerlo. A estas personas, no a la persona jurídica.

Texto del artículo: Artículo 318

Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 129 de este Código.

Este delito NO puede ser cometido por la persona jurídica, debido a que no está incluido en el catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a la persona jurídica (RPPJ)

Esto ha generado gran polémica doctrinal, pero los principios que regulan el Derecho Penal impiden que la persona jurídica pueda ser condenada por este delito. La misma polémica doctrinal genera que el delito de apropiación indebida no esté incluido dentro del catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas, pero no lo está.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo 121/2017, de 23 de febrero, aclara lo que era una evidencia para la inmensa mayoría de la jurisprudencia y de los académicos: los delitos contra los derechos de los trabajadores no generan responsabilidad penal de la persona jurídica (RPPJ), aunque sí puedan generarle la obligación civil de indemnizar por los daños causados, obligación que es inherente a todo delito, con independencia de que el condenado sea persona física o jurídica. Sale al paso el Tribunal Supremo ante el alegato de que la persona jurídica no había sido acusada por tal delito por la fiscalía y la acusación particular, lo que, en opinión del recurrente, suponía la imposibilidad de verse condenada por el mismo. Cierto pero solo en parte.

En la sentencia del Tribunal Supremo 121/2017, de 23 de febrero se dispone específicamente que “la entidad Paradela S.L. no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 bis CP. E art. 318 no se remite al art. 31 bis. Lo que hace […] es permitir la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la plersona jurídica; pero esta no puede ser acusada como responsable penal”.

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2019-03-03T07:54:38+00:00

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